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Entra en vigor ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz

La ley fue aprobada el lunes, durante una sesión extraordinaria, con 70 votos de los sandinistas y sus aliados


Menos de 24 horas desde su aprobación en la Asamblea Nacional, este martes ha entrado en vigor La Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz; la cual permite declarar “traidores a la patria” a los nicaragüenses que aplaudan sanciones internacionales y con esto inhibirlos de optar a cargos de elección popular y hasta encarcelarlos.

La ley fue aprobada el lunes, durante una sesión extraordinaria, con 70 votos de los sandinistas y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, frente a 14 que votaron en contra y 5 abstenciones.

Durante la sesión, el presidente del Parlamento Gustavo Porras advirtió que “todo aquel que haga una traición a la patria será sancionado de acorde a la presente ley”.

Este martes, el texto que consta de dos artículos fue publicado en el diario oficial La Gaceta, establecido como requisito para su entrada en vigor.

Según la norma, serán considerados “traidores a la patria” y tampoco podrán optar a cargos de elección popular, los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, y/o que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación.

También los que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones.

Además, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico.