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Diputados de la Asamblea Nacional aprueban Ley Especial de Ciberdelitos

Quienes violen esta Ley se estarían enfrentando a penas de entre uno hasta seis años de cárcel.


Con 70 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones se aprobó este martes La Ley Especial de Ciberdelitos.

La Ley tiene como objetivo la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de las personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en la Ley.

Quienes violen esta Ley se estarían enfrentando a penas de entre uno hasta ocho años de cárcel.

Esta Ley ha sido criticada por grupos de oposición pues aseguran que se trata de un intento del Gobierno de controlar los servicios de internet en el país, además de criminalizar el uso de las redes sociales.

Durante su discusión y aprobación, la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aseguraron que con esta Ley el Gobierno busca brindar seguridad y protección a los ciudadanos que hacen uso de estas herramientas por medio del internet.

«Aquí nosotros estamos haciendo lo correcto porque cada día el uso de la tecnología es más frecuente por lo tanto debemos de legislar y actualizar nuestro marco jurídico a fin de dar seguridad a las instituciones, al Estado y al pueblo que hace uso de estos servicios», resaltó Maritza Espinales, diputada del FSLN.

Por su parte, partidos opositores indicaron en el plenario que dicha Ley podría ser utilizada como «un arma de doble filo» para castigar a personas naturales y/o periodistas independientes que difundan información objetiva pero que para el Gobierno sea «falsa».

El artículo 30 sobre la «Propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación» señala que:

“Quien usando las tecnologías de la información y la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión”.

El artículo continúa en que si dicha publicación o difusión de la misma perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o familia, se impondrá una pena de hasta 3 años de cárcel.

Si la publicación incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público o la seguridad soberana se impondrá una pena de tres a cinco años de prisión.

«Están poniendo como pretexto el abuso de los niños y adolescentes a través del internet y las redes sociales para criminalizar la labor de los medios independiente o cuando un opositor se quiera manifestar» podrán aplicar a su antojo la Ley para castigar a sus detractores, afirmó Azucena Castillo, diputada del PLC.

El artículo 25 sobre «Transferencia de información pública reservada» contempla penas de hasta ocho años de cárcel.

«El que sin autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, transfiera información Pública clasificada como reservada, de conformidad con la Ley de la materia y que mediante el uso de esa información vulnere un sistema o datos informáticos o se pusiere en peligro la seguridad soberana del Estado, apoyándose en cualquier clase de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y doscientos a quinientos días de multa”, indica la Ley.