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Asamblea Nacional aprueba reformas a Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios

Además, las decisiones unilaterales no pueden extenderse a terceras personas distintas al consumidor o usuario afectado.


Con 74 votos a favor y 14 en contra, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional aprobaron en lo general, la Ley de Reformas y Adición a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.

La iniciativa de reforma tiene como objetivo garantizar una mejor y mayor protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el acceso a los bienes y servicios al ser este un derecho reconocido por el Estado de Nicaragua.

Igualmente, la Ley establece claramente la dimensión del Estado como el más grande y principal consumidor y usuario, que representa a más de 6,3 millones de nicaragüenses.

La iniciativa fue consultada entes reguladores del sistema financiero, instituciones, así como organismos de cooperativas y defensores de los consumidores, Banco Central de Nicaragua y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), por vía escrita, cuyas propuestas fueron analizados por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, retomándose algunos para el fortalecimiento del dictamen.

El diputado José Figueroa dio lectura al dictamen favorable de la iniciativa de reformas expresando las consideraciones de la Comisión, las cuales constituyen un paso más en aras de que el Estado continúe siendo garante de los derechos de los nicaragüenses, especialmente en las relaciones de consumo, acceso y disponibilidad de bienes y servicios.

En esta iniciativa de Ley, el Estado se convierte en consumidor para que, como garante de los intereses y el bienestar de la población nicaragüense, continúe satisfaciendo las necesidades en la prestación de los servicios de infraestructura, salud, educación, agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, etc., mismos que por disposición constitucional es obligación del Estado promoverlos, facilitarlos y regularlos”, dice el documento.

Asimismo, viene a fortalecer los mecanismos legales existentes garantizando los derechos de los consumidores y usuarios ante una decisión unilateral de un proveedor, y tutela las garantías procesales al otorgar el derecho a recibir una notificación verificable en caso de una negación o cancelación, lo que permita que puedan recurrir ante la instancia competente en defensa de sus intereses.

Además, las decisiones unilaterales no pueden extenderse a terceras personas distintas al consumidor o usuario afectado.

En ese sentido, el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, indicó que no puede suceder que se tenga instituciones financieras con patente de corso que decidan al margen de la Constitución, de la ley, del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la igualdad ante la ley, quién vive y quién muere en materia financiera.

Respetar la Constitución y leyes nacionales

De la misma manera, dijo que es imperativo constitucionalmente que la principal herramienta que deben observar las instituciones financieras es el ordenamiento jurídico nacional.

Pero “dicen ahora que ellos tienen arreglos con bancos extranjeros y que, para ellos, ese arreglo, ese acuerdo, vale más que las leyes de la República. ¿Tiene o hace sentido eso?”, se preguntó el diputado.

Dijo que pueden tener arreglos o corresponsalías y todo lo que quieran, pero todo ello no debe estar contra la Constitución ni leyes nacionales, sino más bien deben de observarlas y respetarlas.

Manifestó que la Ley persigue estar a tono con las directrices de Naciones Unidas para la defensa de derechos del consumidor.

Esta es una reforma positiva, una reforma necesaria, una reforma garantista, una reforma en línea con las disposiciones generales de las Naciones Unidas en defensa a los derechos del consumidor y usuario, una reforma que respeta los acuerdos internacionales en el marco del combate a la narcoactividad, al crimen organizado y al blanqueo de capitales, pero lo más importante, una reforma que viene a ponerle un freno a los abusos que las instituciones del sistema financiero nacional han venido aplicando como una práctica cotidiana en contra de los consumidores y usuarios de servicio financiero”, dijo Gutiérrez.

El diputado Filiberto Rodríguez manifestó que este es un derecho humano más restituido por este Gobierno en el que se protege al consumidor de cualquier relación desigual que exista con el proveedor.